Resulta difícil de entender que los partidos de la oposición, en su conjunto, traten por cualquier medio de evitar la más elemental sintonía con el Gobierno, cuando están en juego los principios constitucionales que hacen posible el Estado de Derecho. Es lo que está ocurriendo con la propuesta del Partido Popular de reformar la ley que configura al Tribunal Constitucional a fin de dotarlo de los medios suficientes para que pueda aplicar, de manera efectiva, sus propias sentencias. No puede extrañar que Artur Mas acuse a esta iniciativa de  “cargarse” el Estado de Derecho, curiosa acusación en boca de quien más se ha distinguido en los últimos años por intentar dinamitarlo. Lo que resulta sorprendente es que el PSOE se haya negado tajantemente a respaldar esta propuesta. Resulta lógico y coherente dotar al Tribunal encargado de velar por la Constitución, de las herramientas necesarias para que se puedan aplicar sus sentencias. Lo que se puede reprochar a los grandes partidos, PSOE y PP, es que hayan tardado tanto en reparar este déficit de nuestra arquitectura institucional.Lo ideal hubiera sido que los dos grandes partidos se hubieran puesto de acuerdo hacer tiempo para sacar adelante esta reforma, que ahora se ve envuelta en el fragor electoral. Sin embargo, ante el desafío del secesionismo en Cataluña, parece razonable que el PP la lleve adelante en este momento crucial, para evitar  la impunidad de quienes se mofan de las leyes. Eso sí, cuidando al máximo las formas y explicando exhaustivamente las razones de esta medida.