Los ojos están posados en él. Luis María Díez-Picazo es el magistrado del Tribunal Supremo que ordenó revisar la sentencia que obligaba a los bancos a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. En un hecho sin precedentes, y apenas 24 horas después de que se hiciera público el fallo, convocó al Pleno del organismo formado por 31 magistrados -fueron 6 los que decidieron la sentencia-, para determinar si cambia o se mantiene la doctrina. En caso de que obliguen a las entidades a sufragarlo -como parece-, los magistrados deberán precisar este lunes desde cuándo pueden reclamar los clientes: si la nueva doctrina solo afecta a los préstamos con garantía hipotecaria que se empiecen a suscribir a partir de ahora -irretroactividad-, a todos los ya firmados -retroactividad absoluta- o si se atiende a una fecha en concreto -retroactividad limitada-. Por ejemplo, a los últimos cuatro años, que es el periodo en el que no prescriben los impuestos.

Hijo del célebre Luis Díez-Picazo, magistrado del Tribunal Constitucional entre 1980 y 1989, este catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha llegó al Supremo en 2008 a través del turno reservado a “juristas de reconocido prestigio”. Como su padre, también estudió en la Universidad Autónoma de Madrid, donde fue premio extraordinario de fin de licenciatura. En 1983, tras doctorarse en la Universidad italiana de Bolonia, superó la oposición de letrado del Ministerio de Justicia, hoy integrada en el Cuerpo de Abogados del Estado.

UNA ELECCIÓN CUESTIONADA

La polémica empezó a rodear a Díez-Picazo en 2015, cuando ascendió a la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo -que se ocupa, entre otras funciones, de resolver los recursos contra actuaciones del Gobierno-. Algunos sectores acusaron por entonces al presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes, de maquinar a su favor para descabalgar a José Manuel Sieira, un magistrado con treinta años de experiencia en la carrera judicial que hasta ese momento presidía la Sala. Según se publicó, Díez-Picazo era mucho más cercano a Lesmes ideológicamente que él, de corte progresista.

Tras la convocatoria del Pleno, la controversia volvió a acentuarse cuando se hizo público que Díez-Picazo había sido profesor en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef) -que es propiedad de la Asociación Española de Banca (AEB)-, aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo había autorizado para impartir la docencia. Los reproches se desataron porque el magistrado justificó en una nota de prensa la revisión de la sentencia en "su enorme repercusión económica y social", ya que el giro jurisprudencial -que se debe a la anulación de un artículo del reglamento del impuesto que establecía que el cliente era el obligado al pago- implicaría importantes pérdidas para las entidades.

PODEMOS SE EQUIVOCA AL QUERELLARSE

Podemos decidió querellarse contra Díez-Picazo por un presunto delito de prevaricación judicial al paralizar la aplicación del cambio de jurisprudencia con la convocatoria del Pleno, si bien se equivocó al interponer la querella y el Supremo la inadmitió. Presentada de nuevo en la Sala competente, el alto tribunal la inadmitió por unanimidad al entender que los hechos denunciados "carecen de relevancia penal alguna" ya que "Díez Picazo se limita a ejercer una facultad conferida legalmente y conforme con los criterios establecidos en las normas".

El presidente de la Sala Tercera del Supremo no formó parte del tribunal que dictó la sentencia favorable a los particulares, que fue decidida por cinco votos frente a uno. Sin embargo, la forma en la que dirigió el asunto llevó al propio Carlos Lesmes a pedir disculpas por la confusión generada. El también presidente del CGPJ admitió que la situación "no se ha gestionado bien", dejando en evidencia a Díez-Picazo.

AL MENOS, 2.300 MILLONES DE AGUJERO

Mientras los ciudadanos y la banca han tenido que esperar cerca de dos semanas a ver qué pasa con el pago del impuesto, la agencia de calificación de riesgo Moody's cifra en 2.300 millones de euros el agujero que se generaría en las entidades si se extendiera la obligación de pagar a todas las hipotecas firmadas en los últimos cuatro años, que es el periodo de prescripción de los impuestos. El coste ascendería a 16.500 millones para el periodo 2004-2018. Y en el supuesto de que la sentencia no tuviese carácter retroactivo, los efectos serían de 640 millones anuales, si bien Moody's informa de que los bancos tienen diversas vías para traspasar ese coste adicional a los clientes.