La policía detuvo este martes a 39 personas implicadas en la Operación Enredadera, entre los que se encontraban 16 alcaldes, concejales de diferentes municipios y 9 policías. La trama de corrupción afecta a más de cuarenta ayuntamientos de toda España y a diferentes partidos.

Fuentes de la investigación precisab los hechos presuntamente delictivos se remontan a 2012 y 2013, cuando se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial. Los investigadores sospechan que también se manipulaban los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad solo recaudatoria. La empresa pagaba presuntamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales.

Este fraude deja casos pionterescos como el de Parla. En el municipio madrileño se instalaron a finales de 2014 tres radares implicados en el caso. Curiosamente, uno de ellos localizado en el Polígono Industrial del Cerro del Rubal. Una zona despoblada, sin domicilios o colegios cerca y con un descampado a su derecha. Esto levantó el escepticismo de alguno de los trabajadores del polígono, que no entendían la utilidad de dicha colocación y ahora le encuentran explicación.

La empresa encargada de instalar el dispositivo de control de velocidad por carretera, fue una de las matrices industriales de la empresa Sacyr y llegó a recaudar con este radar dos millones de euros en tan solo dos meses, el tiempo que mantuvo su actividad antes de ser retirado.