Viviana llegó a España en el año 1999 con su marido y su primer hijo, cuando este tenía solamente un año. Siempre ha trabajado como camarera, pero cuando llegó la crisis, con seis hijos ya a su cargo, se divorció y le echaron de su trabajo. Su marido se volvió a Ecuador, el país natal de ambos, porque no tenía dinero ni trabajo.

Ella vivía en un piso alquilado por un arrendatario con sus seis hijos. Pero sufrió una estafa, porque el piso era de una entidad bancaria. Intentó por activa y por pasiva que le concedieran un alquiler social desde ese banco, pero no lo consiguió.

Viviana López, en declaraciones nos lo ha contado: “pedimos que nos dieran un alquiler social, porque no queremos vivir gratis. Pero llegó una negativa total. Que ellos no podían dejarnos vivir ahí, ni ampliar el plazo, ni pensar en nuestra situación económica”.

Y es que Viviana no tenía ninguna opción, porque al figurar como okupa, no podía inscribirse en las listas de la Empresa Municipal de la Vivienda y suelo.

"Yo estaba sola con mis hijos. Fue como un retroceso en nuestras vidas. Todo son negativas. Nadie te alquila una casa si no tienes un contrato de un mínimo de años o si cobras menos de 1400 euros”.

Ahora, las Naciones Unidas le han dado la razón y han sentenciado que España debe arreglar la situación de Viviana y darle una vivienda. Además, el Gobierno tendrá que presentar en un plazo de 6 meses un plan para garantizar que todo el mundo tenga derecho a vivir bajo techo.

El dictamen incorpora seis recomendaciones a España para que las ejecute en un plazo de seis meses en los que tiene que remitir un escrito explicando cómo va a llevarlas a cabo. El abogado de Viviana, Javier Rubio, ha explicado que si no cumplen estas recomendaciones incurrirán en responsabilidad patrimonial.

Concretamente, entre las recomendaciones se encuentra el desarrollar un marco normativo que regule los desalojos de personas de sus viviendas con un examen de proporcionalidad. Tienen que asegurarse de las personas que van a ser desalojadas puedan apelar a las autoridades judiciales para que se evalúe su circunstancia. Por otro lado, deben adoptar las medidas necesarias para que todas las personas puedan acceder en igualdad de condiciones al parque de vivienda social.

Para las personas sin recursos que se puedan ver afectadas por un desalojo, deben proporcionar una vivienda alterna.

Además, se pide que se formule e implemente un plan para garantizar el derecho a la vivienda a personas con bajos ingresos y que se establezca un protocolo para el cumplimiento de las solicitudes de medidas cautelares que emite el propio Comité.

Al final del escrito, el Comité de las Naciones Unidas pide a España una respuesta por escrito a estas recomendaciones que incluya información sobre las medidas que haya tomado, así como que se publique el dictamen y que lo distribuya ampliamente en un formato accesible para llegar a todos los sectores de la población.