El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que, tras conocer el informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, no presentará un recurso a la sentencia de anulación de Madrid Central y ha recordado que hasta que la sentencia no sea firme la zona de bajas emisiones "sigue vigente".

En declaraciones remitidas a la prensa, el alcalde ha señalado que se ha desaconsejado "inequívocamente" recurrir la sentencia y "no ha lugar a un recurso" porque es una medida "especialmente ineficaz a estas alturas". "Madrid Central sigue vigente hasta que sea firme la sentencia, ya que caben recursos de otras partes personadas en el procedimiento", ha puntualizado Almeida.

"La Justicia ha tenido que evidenciar con una sentencia que no deja lugar a dudas ni recursos lo que dijimos en su momento, que era una ordenanza ilegal", ha señalado Almeida.

El TSJM anuló el 26 de julio parcialmente la ordenanza municipal que recogía Madrid Central por defectos formales, al no cumplirse con el trámite esencial de información pública ni con la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza, y estimó así los recursos interpuestos por la Comunidad, el Grupo Popular en el Ayuntamiento y la empresa DVuelta Asistencia Legal. Como portavoz del PP en la anterior legislatura, Almeida firmó el recurso interpuesto desde su grupo.

Por otro lado, ha asegurado que el equipo de Gobierno está trabajando en la nueva ordenanza de movilidad sostenible, Madrid 360, con la que se dará "solución" a "muchas más zonas de Madrid" y no sólo al distrito centro. Además, ha recalcado que van a "negociar" con todos los sectores implicados para mejorar la calidad del aire, "no como hizo el anterior equipo de Gobierno".

La anulación parcial del acuerdo del Consistorio supone que, en el caso de que las tres sentencias dictadas este lunes por el tribunal alcancen firmeza, todas las multas impuestas decaerán al carecer de sustento normativo, según informan fuentes del TSJM.

El proyecto del anterior Consistorio de Manuela Carmena para limitar el tráfico en el centro de la capital entró en vigor el 30 de noviembre de 2018 y fue enseguida recurrido por el PP y por la Comunidad de Madrid, que pidieron incluso a la Justicia madrileña paralizar cautelarmente la Ordenanza de Movilidad Sostenible.