Las palabras de la ministra Irene Montero afirmando que los médicos que objeten en conciencia a la práctica de abortos o eutanasias tendrán consecuencias en su carrera profesional son, simplemente, un escándalo. La afirmación explícita de Montero viene a corroborar las sospechas fundadas acerca de las listas de objetores, que corren el riesgo de convertirse en listas negras. Aun así, no deja de resultar escandaloso que la ministra lo dé por hecho sin ningún pudor y de paso amenace así a los médicos y al personal sanitario.

Como ha recordado el doctor Martínez-Selles, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, el derecho a objetar no es algo que deba hacerse público, es confidencial, y no es de recibo que alguien que ejerza un derecho fundamental pueda ser discriminado por ello. En un país libre y democrático no hay lugar para listas negras, pero además, la objeción de conciencia es un derecho fundamental protegido por el artículo 16 de la Constitución, donde se garantiza y protege la libertad ideológica, y de manera explícita en el artículo 30 de la Carta Magna, donde se recoge con claridad que la objeción de conciencia debe ser regulada con las debidas garantías. Además, viene recogida en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y nuestro Tribunal Constitucional ya ha dictado sentencia con respecto a que la objeción de conciencia, precisamente por su carácter de derecho fundamental, no admite legislación alguna que pretenda acotarlo o a restringirlo. Cualquier intento en esa dirección es simplemente un intento de cariz totalitario.