El proyecto de Ley de Memoria Democrática, en fase de elaboración, revela una inquietante pretensión del gobierno de limitar la libertad del debate público en torno a demasiadas cuestiones. Esta nueva propuesta legislativa agudiza el sesgo ideológico de la Ley de Memoria Histórica de 2007, y podría limitar derechos básicos como la libertad de expresión, la libertad de investigación y la libertad de reunión. Tres libertades sobre las que también se sustenta el régimen democrático.

El Consejo General de Poder Judicial ha emitido un duro informe, respaldado por una amplia mayoría, entre la que se encontraban jueces de distintas sensibilidades, contra este proyecto de Ley. En su dictamen, preceptivo, aunque no vinculante, el gobierno de los jueces deja claro que el texto del gobierno vulnera varios principios constitucionales en lo referido a la libertad en cuestiones que son debatidas, como la investigación de la historia reciente de España o el derecho de crear instituciones que tengan como fin el conocimiento y la salvaguarda de los documentos del pasado.

Tal como ha sostenido reiteradas veces el Tribunal Constitucional, amparar la libertad de opinión implica permitir la expresión de ideas que puedan parecer equivocadas o peligrosas, incluso las que ataquen al propio sistema democrático. El límite se encuentra en la dignidad de las personas, como puede ser el caso de la humillación o menosprecio de las víctimas. El gobierno debería velar con diligencia por el cumplimiento de la ley, en lugar de dedicarse a proscribir los debates y las investigaciones sobre nuestra historia.