Millones de ciudadanos están convocados hoy a las urnas para renovar los gobiernos de 8.000 ayuntamientos y 12 Comunidades Autónomas. A la incertidumbre por lo ajustado de los resultados en algunas de las principales plazas que pronostican las encuestas, se suman las dudas sobre el posible impacto en el Partido Socialista de los escándalos de intento de compra de votos o la presunta vertiente política de un caso de secuestro. Existen también expectativas sobre la posible lectura nacional de unos comicios, tanto en lo que respecta a los resultados de las dos principales formaciones, como a la estabilización del sistema de partidos, sujeto a una intensa volatilidad electoral desde 2015.

En estos años de vaivenes y nuevos partidos se ha disparado la polarización ideológica y, sobre todo, la polarización afectiva, planteando a la democracia española retos como no se veían desde la Transición. Por eso estas elecciones deben ser un llamamiento a la responsabilidad, al voto racional y en conciencia, que permita generar espacios de libertad real para la participación de toda la ciudadanía en la construcción del bien común, desterrando visiones ideológicas miopes que pretenden imponer formas estrechas de entender la sociedad y dificultan seriamente la convivencia. Tradicionalmente, las locales y autonómicas se han considerado elecciones de segundo orden, sin la importancia de las generales.

Este juicio, sin embargo, debe ser urgentemente revisado en un país profundamente descentralizado, donde la población es cada vez más consciente de lo que se juega en estos niveles de la Administración.