Además de la crisis diplomática y migratoria con Marruecos, el llamado "caso Gali" amenaza ahora con una tormenta política y jurídica como secuela de la estancia en España del líder del Polisario, por aparentes razones humanitarias. Como consecuencia del empeño de un juez de Zaragoza por aclarar las circunstancias de la confusa entrada del político saharaui en territorio español, la que fuera ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se ha visto imputada por haber autorizado el vuelo secreto de un avión argelino que trajo a Brahim Gali a nuestro país. Pero es evidente que cualquier decisión que tome un ministro, sobre todo a sabiendas de que puede vulnerar la legalidad vigente y afectar a un tratado internacional, tiene que contar con la autorización del presidente del Gobierno.

Aquella decisión provocó la airada reacción de Marruecos, que no dudó en acusar al Gobierno español de vulnerar el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, firmado en 1991. En este Tratado, que inició una nueva era en las relaciones hispano-marroquíes después de la "Marcha Verde", se especifica que los dos países se abstendrán de cualquier intervención en los asuntos internos y externos de la otra parte. Cabe preguntar si Pedro Sánchez accedió a la petición del Gobierno de Argelia sin importarle las consecuencias políticas y humanitarias de una decisión cuyas consecuencias están aún por ver.