El debate sobre los Presupuestos ha desencadenado una subasta de favores que el Gobierno se ve obligado a conceder para que sus socios de investidura aprueben finalmente las cuentas. Ya no se trata solo de destinar más dinero para inversiones en Cataluña y País Vasco, que se da por descontado, sino de someterse a otras demandas de raíz política que suponen nuevos pasos hacia las aspiraciones de los separatistas. Ahí entra de lleno una oscura negociación para reformar el Código Penal, de manera que el delito de sedición, por el que fueron acusados y condenados los anteriores dirigentes de la Generalitat, reduzca las penas hasta ahora previstas por uno de los atentados más graves contra el orden constitucional.

Puede que el Gobierno consiga sus fines por la elemental razón de que ha entrado en el último año de su legislatura y no tiene más remedio que cumplir con las exigencias de sus socios. Pero van a ser sus propias cuentas las que pasen factura al Gobierno debido a su escaso crédito, tras reiterar sus advertencias diversas instituciones sobre la inminencia de un parón de la economía, que echa por tierra las previsiones sobre gastos e ingresos. Es lo que ha pronosticado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que ha analizado, punto por punto, unas cuentas que considera fantasiosas y que aumentan el lastre de la deuda pública. En este clima se abre hoy el debate presupuestario bajo el cual no late precisamente la preocupación por el deterioro de la economía sino las exigencias políticas de los socios del Frankenstein.