La juez Pilar Ordóñez acaba de ampliar la investigación sobre el uso fraudulento de fondos públicos en las Consejerías de la Junta de Andalucía, más allá de lo que hasta ahora se sabía sobre el abuso del dinero destinado a financiar ayudas a parados y prejubilaciones de empresas en crisis. La magistrada ha solicitado la información de las transacciones de las Consejerías a la agencia pública IDEA entre los años 2000 y 2011.

Cuarenta años de gobiernos socialistas han hecho posible una verdadera red clientelar en Andalucía y un caldo de cultivo para la corrupción institucional. Si se confirmaran las sospechas, estaríamos ante un fraude a gran escala de una “caja negra sin control” que la Junta de Andalucía habría utilizado para gastos no justificados. Este nuevo caso le explota a la candidata Susana Díaz en plena precampaña.

Es cierto que ella no tenía responsabilidades en la Junta cuando se produjeron los ERES falsos, ni en el periodo que ahora se investiga a cuenta de este nuevo caso, pero sí tenía un importante papel en el PSOE andaluz, protagonista de un modo de ejercer el poder que no ha cosechado todavía un reproche social a la altura de lo que se va desvelando.