El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha señalado con acierto que el tribunal de Schleswig-Holstein se ha equivocado. Al decidir no entregar a Puigdemont por delito de rebelión, alta traición en Alemania, ha faltado al espíritu y la letra de la Euroorden. Los jueces alemanes han entrado en el fondo del asunto, estimando si la conducta de Puigdemont se ajusta al tipo penal y si hubo o no suficiente violencia. No es eso lo previsto. Lo sorprendente es que este pronunciamiento cuestionable de unos jueces alemanes se pretenda utilizar como doctrina que deba ser vinculante en España. Los abogados defensores de los políticos presos solicitan que se les ponga en libertad provisional y que no tenga efecto la suspensión que ha dictado Llarena.

Una decisión de un tribunal no competente, que se ha extralimitado y que no tiene a disposición el sumario, no puede ser un argumento jurídico por mucho que se empeñe cierto sector del independentismo. Es llamativo que Sánchez no haya vertido crítica alguna. Sabremos cuál es su posición en toda esta cuestión cuando veamos lo que hace la fiscalía. Si la fiscalía retira la acusación por rebelión, como reclaman los independentistas, sabremos qué tipo de acuerdos hay entre Moncloa y la Generalitat. La calificación de los actos del pasado 1 de octubre como rebelión es algo que puede discutirse, pero si el Ministerio Público decide cambiar su posición se habrá constatado una voluntad de corregir la posición del juez instructor, con innegable trasfondo político.