La decisión de la Abogacía del Estado de excluir el delito de rebelión en la acusación de los procesados por el intento de golpe de Estado en Cataluña supone una claudicación del gobierno ante los independentistas y el pago de una nueva factura para que Pedro Sánchez siga gobernando. En contra de lo sostenido por la Fiscalía, la Abogacía del Estado a las órdenes de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha descartado que hubiera violencia suficiente para considerar el delito de rebelión, y se ha centrado en los delitos de sedición y malversación, que conllevan penas menores.

Pronto se le ha olvidado a Pedro Sánchez que, en varias ocasiones antes de llegar a la Moncloa, mostró su convencimiento de que los políticos procesados habían incurrido en un claro delito de rebelión. La estrategia gubernamental lleva a la Abogacía del Estado, un órgano de defensa de los intereses de la Administración, a establecer por razones políticas y no técnicas un criterio distinto del asentado por la Fiscalía, y a poner en duda la doctrina del juez instructor Llarena, a quien había apoyado hasta hace bien poco. Pero como ya apuntó la Delegada del Gobierno en Cataluña, es más fácil indultar por el delito de sedición que por el de rebelión. La sospecha de que Sánchez está siguiendo el guion que le han marcado los independentistas a través de su mensajero, Pablo Iglesias, va a acompañarle esta legislatura mientras dure.