Sánchez lo sabía, y quizás lo deseara

El presidente del gobierno sabía que la aplicación de la Ley de amnistía no sería tan sencilla ni automática como los condenados desean. Sánchez sabía que serían los jueces y fiscales los que, en el ejercicio de sus deberes constitucionales, tendrían en sus manos la responsabilidad de velar por el estricto cumplimiento de la ley. Por lo tanto, si los fiscales se niegan, mediante Informe jurídicamente razonado, a amnistiar la malversación, no es porque deseen la caída de Pedro Sánchez. Y eso lo saben, tanto el presidente, como la fiscalía general del Estado. Las motivaciones de los fiscales, a diferencia de las confesadas por García Ortiz, tienen poco que ver con el momento procesal. Por eso no habrá Informe alternativo al borrador entregado al fiscal general. Si García Ortiz quiere, tendrá que ponerlo por escrito, lo que iniciará un mecanismo estatutario que, además de enfrentar a los fiscales del Supremo con su superior, hará que sea la cúpula de la fiscalía la que deba resolver la cuestión.

Estamos ante una prueba más del avispero en el que el presidente del Gobierno ha introducido a las instituciones del Estado. Sánchez negoció lo innegociable y amnistió lo que no cabía en la amnistía. Se lo advirtieron, pero hizo oídos sordos. Con la mirada fija en la Moncloa, empeñó su palabra creyendo que cuando llegara la hora conseguiría de la Fiscalía un apoyo incondicional. La hora ya ha llegado y a Sánchez, aunque la agonía puede ser larga, ya solo le queda el insulto y la descalificación del contrario.