En lo que más tarde se quiso explicar desde Moncloa como una imprecisión, Pedro Sánchez se jactó en su día de ser él quien mandaba en la Fiscalía. Pues bien, la propuesta de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, para la Fiscalía General del Estado, está produciendo algo más que perplejidad entre jueces y fiscales. Conocida por su defensa de las irregularidades del juez Garzón en el caso Gürtel y por su estrecha amistad con él, su gestión en la pasada legislatura fue nefasta y hace temer lo peor en el delicado asunto territorial, dadas las tesis que obligó a sostener a la abogacía del Estado en el juicio del Procés.

De Dolores Delgado conocimos en la legislatura anterior una serie de grabaciones que deberían haber supuesto su cese o su inmediata dimisión. Sánchez guardó silencio entonces ante diversos comentarios soeces que afectaban, entre otros, a su compañero de gabinete Grande Marlaska. No se pidieron entonces responsabilidades por sus coloquios resbaladizos con el ex comisario Villarejo, y ahora el nuevo gobierno pretende colocarla al frente de la Fiscalía General del Estado.

En el trasfondo de esta decisión se encuentra la necesidad de una Fiscalía más dúctil a las pretensiones gubernamentales, especialmente en esta fase en la que Sánchez anuncia el intento de “desjudicializar” el conflicto con el secesionismo en Cataluña. Otro motivo para la preocupación apenas iniciada la andadura del nuevo Ejecutivo.