Días atrás Pablo Iglesias evocó el artículo 128 de la Constitución, referido a la función pública de la riqueza nacional, para interpretarlo en clave bolivariana y amenazar veladamente a las empresas con una posible expropiación por parte del Estado. No sorprende la inclinación ideológica de Iglesias, aunque es decisivo saber hasta dónde llega su influencia real en el Gobierno. Lo que sí sorprende es que, a estas alturas del estado de alarma, el Ejecutivo no haya apelado a las grandes empresas industriales para orientar su actividad a la producción del material sanitario, a todas luces esencial en estos momentos. Se ha preferido comprar en China y otros mercados internacionales ya saturados, respiradores, trajes de protección, mascarillas y pruebas de detección de la enfermedad antes que estimular la producción propia, a pesar de los dilatados plazos de entrega del material.

Ciertamente, la riqueza del país en sus distintas formas está subordinada al interés general, siempre dentro del marco de la ley y con las debidas garantías. No se trata de aprovechar la Constitución y el estado de alarma para cambiar los fundamentos de la economía social de mercado, como parece pretender Iglesias, sino de acudir a todos los recursos posibles para cubrir las urgencias de la crisis sanitaria y preparar la recuperación. Por desgracia, todo día perdido en movilizar esos recursos impide cimentar las bases de esa recuperación, que será la gran tarea nacional de los próximos meses.