La busca del bien común como pilar del buen gobierno debería imponerse a los prejuicios sectarios que dominan el discurso del Ejecutivo de Sánchez, que se mueve con la premisa de rechazar todo lo que procede del centro-derecha. Por eso anunció a bombo y platillo la intención de derogar la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular en la anterior legislatura, a pesar de que ha favorecido la creación de más de tres millones de empleos. Durante más de un año, mientras aquella reforma seguía generando empleo, el sector populista del Gobierno se empeñó en dicha derogación, hasta que la realidad se ha impuesto al sectarismo. El acuerdo, alcanzado con los agentes sociales y sancionado por Bruselas, en el fondo viene a matizar algunos aspectos de la reforma de Mariano Rajoy.

Este acuerdo llega mañana al Congreso sin el apoyo de varios partidos de la mayoría Frankenstein, que se sienten engañados por el Gobierno. Sin embargo, lo más probable es que finalmente sea validada gracias a los votos de Ciudadanos, algo que disgusta a Podemos. Por eso la vicepresidenta Yolanda Díaz ha negociado hasta el agotamiento con ERC para lograr su apoyo, aunque sin éxito.

Y es que, en realidad, según afirma en ABC el catedrático de Derecho del Trabajo, Francisco Pérez de los Cobos, la nueva legislación puede entenderse como un desarrollo de la aprobada por Rajoy en 2012. Parece que no era tan malo lo que venía del anterior gobierno de centro-derecha.