“No es una buena noticia” que, en pleno estado de alarma, el Gobierno pretenda sacar adelante “sin diálogo ni consenso” su ley educativa. Así se pronunciaba hace unos días el obispo de Getafe sobre las prisas de la ministra Celáa por seguir adelante con esta reforma en el Congreso, sin más concesiones que ampliar unas semanas el plazo de presentación de enmiendas hasta el 3 de junio. Escuelas Católicas, CONCAPA y otras organizaciones representativas en la comunidad católica han protestado por el único cauce que tienen a su alcance, las redes sociales. La octava gran reforma educativa llevada a cabo en los últimos 40 años en España va camino de ver la luz con los peores vicios que se han criticado a sus predecesoras.

El fantasma del sectarismo político asoma de nuevo, cuando la urgencia que debería centrar los esfuerzos son todos esos chicos y chicas que se han quedado descolgados después de muchos años de duro trabajo de las administraciones y la sociedad civil para conseguir que el acceso a la educación sea un derecho universal. En lugar de eso se quiere generar un enfrentamiento artificial entre escuela pública y concertada, mientras se dota a las autonomías de los recursos legales necesarios para acomodar la enseñanza a sus preferencias ideológicas. El primer aviso se ha producido ya en Cataluña, con la amenaza de retirada de los conciertos por parte de la Generalitat a la enseñanza diferenciada. Un pequeño anticipo de lo que puede estar por venir muy pronto en el conjunto de España.