El presidente del Gobierno se reunió ayer con los parlamentarios socialistas para explicar sus planes para el curso político. Lo nuclear de su discurso fue el rechazo frontal de todo diálogo con la oposición, a la que no dudó de acusar de "insumisión constitucional". Para Sánchez es esencial culpar al Partido Popular del bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero más allá de su narración, hay que preguntarse sobre las causas de este indeseable bloqueo. Lo cierto es que el pacto estaba prácticamente cerrado cuando PSOE y Podemos introdujeron en la lista nombres que eran inaceptables para el PP. El gobierno de coalición ha dado suficientes indicios de su intención de controlar a la Justicia. De hecho, la Unión Europea tuvo que intervenir para frenar su propósito de modificar la elección de los miembros del Consejo para acomodarla a su mayoría parlamentaria.

La confianza se ha roto por la sospecha fundada de un intento de Sánchez y de sus socios de mermar la independencia del Poder Judicial, que es un pilar del Estado de Derecho. El principal partido de la oposición no puede sino rechazar ese intento, pero se ha ofrecido para alcanzar un acuerdo que suponga fortalecer la independencia de los jueces. Por tanto, ¿quién bloquea y quién incumple sus responsabilidades constitucionales? En todo caso, más allá de este bloqueo, desde el principio de su mandato, Sánchez ha descartado dialogar con la oposición en los grandes temas de Estado. Es una seña de identidad ligada a su apuesta por la “mayoría Frankenstein”.