La insistencia del Gobierno de Sánchez en repetir que la mesa del diálogo inaugura una nueva etapa sobre el futuro de Cataluña, lo que se ha denominado “la agenda del reeencuentro”, esconde una serie de trampas y mentiras que deben ponerse en evidencia. La primera es el desprecio hacia los mecanismos institucionales con los que cuenta el Estado de derecho en el marco de la Constitución española. Ya lo dijo Pedro Sánchez después de su última reunión con Torra, “la ley no basta”. Afirmar que no basta la ley implica, en este caso, que Sánchez no tiene voluntad de aplicar todos los mecanismos jurídicos al alcance del Gobierno para responder al desafío de la sedición en Cataluña, con la consiguiente inseguridad jurídica para los ciudadanos.

En este sentido, no es verdad que todos los catalanes estén representados en la mesa del diálogo. Más aún, la mayoría de los catalanes, que no desean la independencia, no estarán presentes en esta mesa de diálogo. Quien ha impuesto esta mesa y la agenda de los temas que se van a debatir es el independentismo, que aunque está roto, no ha olvidado la finalidad que les une: el objetivo de la independencia. La mesa del diálogo entre gobiernos, de igual a igual, forma parte del precio que Pedro Sánchez está pagando a quienes le han hecho llegar y le mantienen en la Moncloa. Un precio, la quiebra de la soberanía nacional, demasiado alto.