El Gobierno ha comenzado a filtrar la información de que se dispone a revisar los Acuerdos con la Santa Sede. Tras el viaje a Roma de la vicepresidenta Carmen Calvo, desde La Moncloa se quiere transmitir la idea de que se va a poner fin a unos privilegios fiscales que constituyen algo así como una anomalía democrática. Nada más lejos de la realidad. Esa imagen de una Iglesia que recibe un trato de favor no es real, lamentaba esta semana el Vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal. La Santa Sede, argumentaba, tiene ese tipo de acuerdos con 180 países. Y en el caso de España, el régimen fiscal de la Iglesia es el que se aplica a «cualquier fundación de un partido político u ONG».

El Parlamento es soberano para modificar el sistema, pero los cambios afectarían igualmente al resto de organizaciones sin ánimo de lucro, por lo que resulta incomprensible la insistencia obsesiva en la comunidad católica. Todas esas entidades gozan por igual de algunas exenciones para facilitar su labor. Una labor que, en el caso de la Iglesia, tiene una evidente dimensión social y solidaria, sin olvidar la atención espiritual, que constituye un derecho básico de los ciudadanos reconocido por las autoridades públicas en cualquier democracia. Un derecho que en España regulan los Acuerdos, pero que, incluso sin ellos, el Gobierno estaría obligado a tutelar y facilitar.