En medio de la parálisis y el caos de la política catalana, el Partido Socialista y Junts per Cataluña, la formación del prófugo Carles Puigdemont, han llegado a un acuerdo de gobierno en la Diputación de Barcelona. Nuría Marín, alcaldesa de Hospitalet de Llobegrat, será la presidenta de una institución que tiene un presupuesto de mil millones de euros y cerca de cuatro mil trabajadores en plantilla. Esta alianza, de la que se desconoce aún la letra pequeña, va a tener consecuencias para el mapa de poderes en Cataluña.

En primer lugar porque supone la ruptura pública entre Esquerra Republicana y Junts per Cataluña, los socios en el gobierno de Quim Torra. Es una ruptura que se viene incubando de antiguo, entre otras razones por los diferentes criterios a la hora de abordar los tiempos en el proceso de independencia. Pero que ahora se consuma en una Diputación que estaba en manos de Esquerra Republicana desde 2011. En segúndo lugar, se rompe la división de bloques entre partidos constitucionalistas y secesionistas. El hecho de que el PSC, el partido que apoyó la aplicación del artículo 155, haya pactado con los independentistas de Puigdemont levanta la sospecha sobre la capacidad de los socialistas catalanes de defender la Constitución y sobre futuras actuaciones del gobierno de Sánchez con los políticos presos de su aliado en la Diputación de Barcelona. Por último habrá que observar cuál es el destino de las inversiones directas de esta institución, hasta ahora dedicadas a financiar el proceso de independencia. Al PSC le gusta caminar por el alambre, veremos con qué consecuencias.