Protegerlos era y es una prioridad

Una de las manifestaciones más evidentes de fracaso en la gestión de la pandemia del COVID-19 es el número de sanitarios contagiados. Según los últimos datos son ya cerca de 45.000 las personas dedicadas a cuidar de la salud que están infectadas, número que se ha incrementado de forma significativa en las últimas semanas y que nos coloca a la cabeza de los países europeos con mayor número de sanitarios enfermos. Hablamos de un sector vital y estratégico en la lucha contra la pandemia, por lo que era una prioridad (también política) proteger especialmente a los sanitarios frente a los riesgos que asumen cada día en primera línea, a veces de forma heroica.

La negligencia de los responsables políticos tiene aquí una de sus máximas expresiones. Parece incomprensible que después de casi dos meses de estado de alarma, de erráticas inversiones millonarias en material y de superación de duros momentos de emergencia, en las últimas horas un ochenta por ciento de los nuevos infectados sean personal sanitario. O que en la provincia de Cádiz haya más médicos y enfermeras que han dado positivo, que ciudadanos en general. Y es que uno de los factores que está agudizando la crisis es la mezcla de insuficiencia de material y de inefacia de los test de detección. Ante la magnitud de este desastre no es extraño que los sindicatos mayoritarios del sector de la salud hayan iniciado los procedimientos para querellarse contra los responsables del Ministerio de Sanidad.