Tras un año de la aprobación de la Ley de Eutanasia el balance confirma que se trataba de un proyecto ideológico más que de una respuesta legislativa a una necesidad social. Hay que recordar que esta ley, que según Podemos “iba a colocar a España a la vanguardia de los derechos sociales en el mundo”, salió adelante durante la pandemia, sin un debate social y sin haber escuchado las demandas reales de los médicos que pedían, para dar una solución integral al problema del dolor y de la enfermedad en los últimos momentos de la vida, una estrategia nacional de cuidados paliativos. La pretensión del Gobierno de crear un registro de médicos objetores para tener controlados a los facultativos que se nieguen a aplicar la eutanasia, además de ser contraria a los Códigos Deontológicos de la medicina, ha producido un profundo malestar en la profesión médica.

Esta Ley “estrella” de la legislatura de Sánchez ha tenido como efecto que España, según el Atlas de Cuidados Paliativos en Europa, descienda varios puestos en la lista de naciones que desarrollan esta especialidad médica destinada a ofrecer calidad en el proceso final de la existencia. Una vez más se demuestra que el Ejecutivo no legisla al compás de los avances de la medicina y de la ciencia sino desde la obsesión por imponer un modelo de persona y de sociedad. Un proyecto que debe tener una adecuada respuesta política, social y educativa, con su proporcional expresión pública de descontento en la calle.