La decisión del Gobierno de sumarse a la causa contra el Estado de Israel por genocidio en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya agudiza la pérdida de prestigio de la diplomacia española, sometida en este momento a los intereses electorales de Pedro Sánchez más que a una contribución decisiva al establecimiento de la paz y al progreso en la concordia de las naciones. Es una política que va sumando conflicto tras conflicto, como se recordará con el caso de Argentina o con la extraña alianza con Marruecos.

Si la política exterior ha tenido una característica a lo largo de la democracia ha sido la de que era una política de Estado, fruto del consenso entre las fuerzas mayoritarias. Ahora, la política exterior española está entregada a un fácil electoralismo tal como quedó claro en la presentación de esta medida por parte del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en las vísperas de unas elecciones europeas que parecen ser elecciones sobre todo menos sobre Europa.

La pretensión de Sánchez de aglutinar en torno a sí el voto de Sumar y de Podemos, y de movilizar a su electorado no parece tener límites. El gobierno español se ha salido de las filas de la diplomacia europea, con lo que deja de ser un aliado fiable. Insistir en que Israel debe actuar respetando el derecho internacional no implica convertirse en portavoz de un discurso que agrada especialmente a Hamás y que sostienen países que no están precisamente en nuestra órbita natural de alianzas. Con esta decisión, el gobierno agudiza las ya difíciles relaciones con Israel, lo que seguramente no traerá buenas consecuencias para España. Como es habitual, por un puñado de votos.