Pobreza energética

Los últimos datos que hemos conocido del INE reflejan que un 26 por ciento de la población española está en riesgo de pobreza o de exclusión social. El porcentaje ha aumentado en el último año. Casi uno de cada diez españoles no puede permitirse ir de vacaciones al menos una vez al año; comer carne, pollo o pescado cada dos días; o mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Seis de cada diez hogares han reducido el consumo de electricidad, agua o calefacción, y un 22,4 por ciento ha pedido ayudas para pagar sus suministros. No son cifras impersonales. Hay muchas personas que están sufriendo este invierno los efectos más trágicos de la pobreza energética.

En España se empieza a abordar la pobreza energética más tarde que otros países. Se hace a raíz de la crisis económica de 2008. Las medidas aplicadas han sido principalmente las que se conocen como “medidas de renta”. Un ejemplo es el bono social eléctrico y térmico. Estas medidas están pensadas para proporcionar alivio financiero a las familias con faltas de recursos. Son intervenciones necesarias pero insuficientes porque son de carácter paliativo. Sirven para abordar la situación de urgencia en el corto plazo.

Deben realizarse esfuerzos adicionales para fomentar la rehabilitación de viviendas en alquiler, pues suelen dar techo a las familias más vulnerables. Y, sobre todo, lo que necesitamos en España son políticas que favorezcan una igualdad de oportunidades real. Necesitamos un tipo de educación y unas relaciones que hagan posible el ascenso social.