La decisión de continuar al frente del Gobierno, anunciada por Sánchez, ha estado acompaña de una instrumentalización de la propia presidencia del Gobierno, del Rey y de su ámbito privado de relaciones. Sánchez ha anunciado que se queda con el deseo de limitar la libertad de expresión y la autonomía del poder judicial.

España vive una situación de intensa polarización política desde hace casi veinte años, un clima agudizado por la política frentista que ha marcado las legislaturas de Sánchez. Sostener que la oposición, cierto sector de la judicatura y una parte de los medios de comunicación ponen en peligro la democracia es un peligroso delirio. La democracia no ha estado ni está en riesgo ni porque gobierne la izquierda ni porque gobierne la derecha, pero es necesario cuidar y respetar a las instituciones. El sistema judicial español tiene mecanismos que funcionan para corregir sus posibles errores. Hay que recordar algo elemental: en una democracia liberal la libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales que solo están limitados por otros derechos fundamentales, de acuerdo con lo que establecen los tribunales.

En cada momento gobierna quien tiene una mayoría parlamentaria suficiente para conseguir una investidura y para legislar. Y quien gobierna debe someterse a la crítica saludable de la oposición y de los medios de comunicación, y a los controles y contrapesos del resto de poderes del Estado. Pretender que los jueces, la oposición y los medios reduzcan su capacidad crítica es una pulsión autoritaria que no anuncia nada bueno para el inmediato futuro de nuestro país.