Pedro Sánchez lo tenía todo a favor para ser investido presidente antes de las vacaciones de verano. Las urnas le dieron una pírrica minoría, pero ningún otro candidato suma. En cualquier democracia madura, las fuerzas centrales del sistema, lo que aquí se llaman “partidos constitucionalistas”, se hubieran puesto de acuerdo para permitir la investidura a cambio de las lógicas concesiones. Y más cuando el Estado afronta una crisis tan grave como la de Cataluña. Pero Sánchez arrastraba el pecado original de la moción de censura que ganó con el apoyo de Podemos y los independentistas. La opción de Ciudadanos, la que hubiera preferido el líder socialista, quedaba cerrada, y Sánchez fió su suerte a un Pablo Iglesias herido de muerte por las divisiones en Podemos, y cuya última esperanza es revivir con el escaparate que le ofrecería la entrada en el gobierno.

El bochornoso mercadeo de cargos de los últimos días tiene al menos la virtud de hacer más digerible para las bases socialistas la ruptura de negociaciones con la formación morada. Si Sánchez juega bien sus cartas y apuesta por la moderación, podría ser presidente antes del 23 de septiembre. Y si no lo logra, irá a nuevas elecciones con el viento a favor de las encuestas para los dos grandes partidos. Su punto débil es la indefinición, y esto solo se resuelve exponiendo claramente dónde se sitúa hoy el PSOE en la cuestión catalana y en el reto de materias de Estado.