Por mucho que el presidente Sánchez presuma de los supuestos aciertos de sus cien primeros días, hay una evidencia que no puede ocultar: que su Gobierno solo durará lo que sus socios independentistas quieran mantenerlo. Sánchez lo sabe muy bien aunque trate de disimularlo, y sólo desde esa perspectiva se entiende que el Ejecutivo no cese en sus mensajes de aparente “apaciguamiento” al separatismo catalán. El más repetido en los últimos días es el de que todo sería más cómodo si no hubiese políticos catalanes presos cautelarmente, en espera del juicio sobre la rebelión del 1 de Octubre.

Con todo, el Gobierno no debería olvidar ni ocultar la gravedad de los hechos que desencadenaron el procesamiento y la huída de los principales líderes del “Procés”. Empieza a parecer que el Gobierno de Sánchez lamenta que la Justicia haya actuado con diligencia, como si el Estado de Derecho impidiese ahora desarrollar un diálogo que resulta imposible mientras el secesionismo no abandone la vía de la ilegalidad.

Lo preocupante es que la estabilidad del Gobierno no dependa de los errores que cometa, ni de la marcha de la economía o de su insulsa política exterior sino de los cálculos e intereses de unas fuerzas políticas que no esconden su deseo de quebrar nuestro ordenamiento constitucional.