En estos días los padres están haciendo las solicitudes para llevar a sus hijos a los colegios públicos o concertados que consideran más convenientes. Estamos en pleno periodo de admisiones. Es un curso importante porque entra en vigor la Ley Celaá, que no considera la demanda social, lo solicitado por los padres, como un criterio determinante para hacer efectiva la escolarización. La ley establece unos mínimos y unos máximos de cómo deben ponderar los diferentes criterios en el baremo de escolarización. Los criterios son, entre otros, la renta familiar, tener hermanos ya matriculados o la cercanía al centro. En el marco de la ley, cada Comunidad Autónoma da más o menos peso a cada criterio.

La Ley Celaá, por influencia de Podemos, quiere fomentar una escolarización en colegios cercanos al domicilio de los padres. Por eso la cercanía es el único criterio que puede suponer más del 30 por ciento en el baremo. En el futuro, esta opción en favor de la proximidad puede suponer la supresión del distrito único vigente en la Comunidad de Madrid, que permite que los alumnos vayan a cualquier colegio, con independencia del barrio en el que vivan. Si el criterio de proximidad se vuelve determinante, se corre el riesgo de que no haya movilidad educativa entre los barrios, y los chicos de grupos sociales más desfavorecidos se vean más limitados. En el proceso de admisión se constata de forma práctica una opción ideológica que restringe la libertad de elección de los padres.