El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha hecho públicos los criterios de ayudas para comedor y trasporte escolar en el único territorio de su competencia directa, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. A la hora de establecer los baremos ha discriminado a los siete mil alumnos de la enseñanza concertada en esas ciudades, para los que no se contemplan estas ayudas, con el consiguiente gasto añadido para las familias. En una aclaración del Ministerio, se utiliza el argumento de que la convocatoria es la misma que en años anteriores, por lo tanto, no se ha modificado lo que se venía haciendo hasta ahora. Una respuesta que deja mucho que desear para una política que debe adaptarse a las demandas y necesidades de los ciudadanos. La sospecha es que con esta decisión de los socialistas, se inicie un proceso de adelgazamiento de la educación concertada en España.

Aunque el Secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, dijera en Herrera en COPE que el sistema de educación concertada en España no tiene que temer por su existencia aunque se modifique el criterio de la “demanda social”, los hechos del día a día parecen llevarle la contraria. La patológica obsesión de determinados sectores socialistas y de la izquierda radical de Podemos con el modelo de educación concertada es una rémora de nuestro sistema educativo y crea en la práctica una situación de inestabilidad y provisionalidad que incide negativamente en el ejercicio efectivo de la libertad de los padres a elegir el modelo de educación para sus hijos.