Más de 2500 jueces españoles, pertenecientes a la Asociación Profesional de la Magistratura, a la Asociación Francisco de Vitoria y al Foro Judicial Independiente, han presentado una denuncia ante la Comisión Europea para que actúe de inmediato ante la reforma del Poder Judicial planteada por el Gobierno de España.

Estamos, como han mostrado con toda claridad y firmeza los jueces, ante un riesgo de violación grave del propio Estado de Derecho, debido a unas reformas que atropellan la independencia del Poder Judicial. Los argumentos son contundentes y hablan de un apagón del Consejo General del Poder Judicial, así como de una flagrante colonización por los partidos políticos, comprometiendo gravemente su independencia e imparcialidad.

Además, la reforma anima en alguno de los puntos a no respetar la Constitución y plantea el sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento, lo que supone el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción política.

Aquella famosa frase que se atribuye a Alfonso Guerra cuando afirmaba que Montesquieu había muerto, para definir la reforma del Poder Judicial de 1985, se queda muy corta. Las asociaciones de jueces hacen bien en formular esta petición de amparo a la Unión Europea, porque de seguir adelante con sin impedimento la salud del Estado de Derecho en España estaría seriamente comprometida.