El pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado la demanda interpuesta por el Partido Socialista contra la prisión permanente revisable, una figura jurídica que aprobó el Gobierno del PP en 2015, cuando era ministro de justicia Alberto Ruiz Gallardón. El Alto Tribunal ha dictado la plena constitucionalidad de una medida que, en su día, fue injustamente denominada por la izquierda como “ley de la cadena perpetua”. Con el pretexto de esta norma se orquestó entonces una agresiva campaña contra el gobierno de Mariano Rajoy.

Lo que ahora deja claro este fallo es que la norma no vulnera nuestra Constitución. La ley puede ser sometida a crítica, como cualquier otra, pero no se puede sostener que rompe con el criterio de proporcionalidad de las sanciones, ni que impide la posibilidad de la reinserción social, una dimensión que no debe perder la pena dictada para cualquier delito.

No hay que olvidar que el secretario general del PSOE que llevó adelante la campaña contra la prisión permanente revisable fue Pedro Sánchez, que hoy ha recibido por parte del Constitucional un nuevo varapalo. Si en su momento la argumentación jurídica homologaba este sistema al de otros países de la Unión Europa, ahora ya cuenta con la garantía del Tribunal Constitucional.