El Gobierno, en su obsesión por hacer leyes que condicionen la estructura del tejido social, no ha desaprovechado la oportunidad de aprobar, en el Consejo de ministros previo a las elecciones municipales y autonómicas, una ley a todas luces, innecesaria y de dudosa constitucionalidad. La nueva Ley de Representación Paritaria impone que ningún sexo tenga un peso inferior al 40% en direcciones y consejos de empresas, miembros del Gobierno, candidaturas electorales y órganos constitucionales. Este supuesto guiño electoral a las mujeres, en un momento en el que se ha impuesto el borrado legal y social de la mujer con la posibilidad del cambio de sexo, es innecesaria. En el Consejo General del Poder Judicial, siete de sus diecisiete vocales, el 41%, son mujeres. Cinco de los once magistrados del Tribunal Constitucional son de sexo femenino, un 45%. Y en el Pleno del Tribunal de Cuentas, seis de los doce miembros son mujeres, el 50%.

Como ha puesto en evidencia el Consejo de Estado, esta nueva ley es “excesiva e inconveniente”, de difícil aplicación, incluso capaz de generar el efecto contrario. La garantía de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres debe ser compatible con el respeto a otros bienes jurídicos que también deben ser protegidos, como la libertad de los partidos a la hora de confeccionar las listas electorales. Esta nueva ley del Gobierno se vuelve contra las mujeres que, por su liderazgo, su mérito y su capacidad, han llegado por sí mismas a ocupar destacados puestos en la sociedad, y no han accedido por cuotas legales.