La delegación de la Unión Europea que supervisó las recientes elecciones municipales y regionales en Venezuela ha concluido que, aunque se han producido leves mejoras en las condiciones electorales respeto a comicios anteriores, persisten graves deficiencias estructurales que afectan a las garantías con las que se tiene que llevar adelante un proceso electoral. Entre esas graves deficiencias destacan la nula independencia judicial, el uso por parte del Estado de recursos en la campaña en favor del partido del oficialismo y la discriminación de los partidos de oposición en el acceso a los medios de comunicación.

Es un hecho que el 60% de la población no acudió a votar, debido a la falta de expectativas de una transición real hacia una democracia en la que se respeten los derechos fundamentales y las libertades públicas, y en la que los partidos tengan las mismas oportunidades a la hora de concurrir a unas elecciones.

La tibieza del gobierno de Sánchez en torno a las recientes elecciones en Venezuela se debe a la necesidad de dar cobertura a la mediación del expresidente Zapatero, pero no hay ningún cambio de fondo, como se puede comprobar en el día a día los venezolanos, que siguen viviendo en una permanente crisis económica y política. Maduro sigue instalado en una retórica demagógica, ejerciendo una violencia de Estado que hace imposible cualquier proceso de cambio.