Línea editorial: Llarena clarifica

El auto del juez Llarena en el que modifica los delitos imputados a Puigdemont ha avivado el debate sobre la eliminación de la sedición. Llarena señala que con la reforma del Código Penal no se consigue mayor proporcionalidad sino “un contexto cercano a la despenalización”. Es decir, un alzamiento por la fuerza, o fuera de las vías legales, con la finalidad de entorpecer gravemente el ejercicio de la autoridad pública, queda sin castigo. Hay que recordar que el delito de sedición históricamente se concibió como una rebelión “en pequeño” o “de segundo grado”.

El juez desmonta los argumentos del Gobierno: la sedición era homologable a los delitos tipificados en los países de nuestro entorno. Para dejar claro que la sustitución de la sedición por desorden público agravado no tiene sentido, el magistrado imputa ahora a Puigdemont una desobediencia sin pena de cárcel. Una reforma como la que se ha hecho, sin un endurecimiento de los delitos de desobediencia y sin una nueva modalidad del delito de rebelión no violenta, deja desprotegida la Constitución.

Llarena señala que “la práctica totalidad de las constituciones europeas incluyen preceptos encaminados a reforzar la integridad del territorio sobre el que se asientan los respectivos Estados”. Y pone negro sobre blanco lo que es evidente: se ha legislado ad personam para beneficiar a los líderes del independentismo. El Gobierno ya está intentado argumentar que Puigdemont no se queda sin castigo y que ahora la responsabilidad es de los jueces. Que nadie se llame a engaño: los jueces actúan con una ley modificada por iniciativa del Gobierno.