El presidente de la Generalitat y la presidenta del Parlamento de Cataluña han recibido con honores a los indultados del Procés. Forma parte de la representación pública de la épica que el independentismo exige. No importa si las instituciones políticas catalanas representan a todos. Los partidos independentistas las consideran suyas y por eso las usan para homenajear a los suyos.

La euforia de las celebraciones contrasta con la realidad. Los indultados son recibidos como héroes, pero nada diluye sus responsabilidades. Sus cuentas pendientes están sobre la mesa del Tribunal encargado. Se trata de 5,4 millones de euros en facturas, a las que se suman otros 4 millones en concepto de gastos de organización del referéndum.

Se trata de reclamaciones individuales, aunque deberán responder solidariamente. Y la ley dice que el proceso debe ser transparente, sin agravios comparativos y ni favoritismos. El Gobierno de España dice actuar en este proceso con la mirada puesta en la concordia. Una palabra tramposa si implica no se deja actuar al Tribunal de Cuentas conforme a procedimientos públicos y de garantías. No puede haber privilegios que valgan en este proceso, y más cuando quedan tantas deudas por pagar. Que el gobierno se implique en impedirlo es algo que produce sonrojo.