Benjamín Netanyahu parece haber dado por fin su brazo a torcer. Forzado por tres meses de protestas callejeras y las presiones de aliados nacionales e internacionales, el primer ministro israelí ha tenido que aceptar la mediación del presidente y posponer su controvertida reforma que pone en jaque la independencia judicial.

La puntilla de la indignación popular ha sido la destitución del ministro de Defensa, que trató de hacer recapacitar a Netanyahu, alarmado por la controversia que el proyecto ha suscitado en las fuerzas armadas. Muchos reservistas han dicho que se niegan a servir a una dictadura, que es en lo que, a su juicio, se convertiría Israel si la coalición ultranacionalista logra su objetivo de someter al Tribunal Supremo.

La reforma, en realidad, no es muy distinta, en varios aspectos, a la que aprobaron Hungría o Polonia, generando por cierto serias fricciones con la Comisión Europea. La diferencia es que Israel no tiene una Constitución formal, sino que es el Supremo el que, de facto, ejerce un control al poder. En Israel, además, el Estado de Derecho está cuestionado por la legislación que convierte a los árabes en ciudadanos de segunda. La reforma judicial ahondaría peligrosamente en esa deslegitimación, motivo por el cual esta vez no solo la calle, también el Ejército y los principales empresarios le han dicho a Netanyahu un sonoro “basta”.