Tras el golpe de Estado de febrero pasado, el Ejército birmano ha sometido al país a sangre y fuego. Se calcula que desde entonces han sido asesinadas 1.300 personas, mientras que alrededor de 10.000 sufren arresto. El ejército está dispuesto a acabar con cualquier grupo vinculado a la oposición democrática. En esta política de tierra quemada, el principal objetivo del Gobierno es la expresidenta Aung San Suu Kyi.

Acusada de alentar altercados, fraude y corrupción, se estima que las condenas podrían alcanzar los 106 años. Si nadie lo impide, Aung San acabará sus días en la cárcel junto al vicepresidente de su Gobierno Win Mynt. Tras más de sesenta años de dictadura Aung San aseguraba la consolidación de la democracia en el país, algo que el Ejército no estaba dispuesto a tolerar.

Aung San conoce la dureza de la dictadura. Vivió más de diez años en arresto domiciliario después de que en 1990 ganara las elecciones. El régimen militar anuló las elecciones y la encerró en su casa. Fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz y en 2015 ganó de nuevo las elecciones. Ahora se enfrenta a un total de once cargos penales y su inmediato futuro es la cárcel.

Sin apoyo internacional Myanmar no podrá salir del terror y Aung San, la dama que ha hecho frente a la dictadura, no podrá salir de la cárcel. China y sus intereses económicos no son ajenos a estos movimientos políticos. Aung San llegó a numerosos acuerdos con la República Popular China, pero el gigante asiático prefiere las dictaduras.