Línea Editorial COPE: Desprestigio del Fiscal General del Estado

La decisión de Pedro Sánchez de ratificar en su puesto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, supone un desafío no sólo al Tribunal Supremo sino a la carrera judicial y fiscal.

Después de que la Sala Tercera del Tribunal Supremo anulara el ascenso a fiscal de sala de la exministra de Justicia Dolores Delgado, y dijera que Álvaro García Ortiz no se había atenido al principio de legalidad con un acto que implicaba una “desviación de poder” en esa designación, lo lógico hubiera sido que el presidente del Gobierno le aceptara la dimisión, o se la hubiera pedido en el caso de que no la hubiera presentado. Pero no ha sido así.

Para muestra del desprestigio y sumisión del fiscal general del Estado al Gobierno, hay que recordar que García Ortiz se ha negado a amparar y apoyar públicamente a los fiscales, tanto de Cataluña como del Tribunal Supremo, que intervinieron en el juicio del “Procés”.

El silencio del fiscal general del Estado ante la propuesta de usar la política para controlar a los jueces, lo que se ha llamado lawfare, añade otro elemento al desprestigio en el que ha caído la Fiscalía general del Estado, lo que contribuye a una dinámica de degradación del Estado de Derecho con la quiebra del principio de la separación de poderes y la puesta en entredicho de la imparcialidad que la Constitución pide al ministerio fiscal.

Que el puesto de Fiscal General del Estado sea designado por el Presidente del Gobierno no quiere decir que deba pasar a ser el Fiscal General de Pedro Sánche