Los políticos chilenos habían convertido la reforma constitucional en el remedio a todos los males que aquejan al país. Pero a la vista de los últimos acontecimientos, dada la profunda grieta que divide a la sociedad chilena, el Gobierno no puede seguir eludiendo su deber de gobernar, tomar decisiones y responder a los problemas reales que aquejan a la ciudadanía.

En dos años, los constituyentes no han sido capaces de ofrecer al pueblo chileno una reforma constitucional de consenso. La propuesta sometida al voto de los ciudadanos en septiembre de 2022 fue rechazada por ser de izquierdas.

Un año después, la nueva propuesta ha sido rechazada por ser de derechas. Este ha sido el error de unos y otros: pretender que el texto constitucional representara a unos frente a otros. Y el presidente Boric parece que ha aprendido la lección. No habrá un tercer intento.

Chile seguirá bajo el orden constitucional aprobado en 1980 pero reformado en 2005 bajo el mandato de Ricardo Lagos. Hace cuatro años los chilenos protagonizaron un estallido social cuyas causas y consecuencias no han sido reparadas.

Siendo así, el Gobierno tendrá que tomar decisiones en asuntos tan graves como la criminalidad, la reforma del modelo de atención sanitaria, la cuestión educativa o el crecimiento económico.

En manos de Gabriel Boric está conseguir que el conglomerado que es hoy la izquierda chilena acepte que el realismo es la primera virtud que debe ejercitar un gobernante que se precie de serlo.