La decisión de los trabajadores de Eulen en el aeropuerto de Barcelona de rechazar la oferta de incremento de salarios convierte este conflicto laboral en un problema que trasciende con mucho los legítimos derechos de los trabajadores. El Gobierno está obligado a poner en marcha las medias acordadas por el gabinete de crisis para garantizar la seguridad, el orden público y el normal funcionamiento del segundo aeropuerto más grande de España, en un puente en el que se incrementa de forma considerable el tráfico aéreo. La presencia de la Guardia Civil en los filtros de seguridad del aeropuerto es una garantía ante un conflicto laboral que encierra un cierto abuso por parte de los trabajadores de un empresa consignataria de servicios. La imposición de un laudo arbitral debe ser una media no descartable a estas alturas.

Aunque los emplados de Eulen tengan, como todos los españoles, garantizado el derecho a la huelga existe un deber de responsabilidad en el ejercicio profesional que tiene que ver con los efectos de algunas decisiones. La actitud de los sindicatos de la empresa Eulen no es de recibo en la medida en que han preferido utilizar el daño causado a los usuarios para conseguir una serie de reivindicaciones muchas de ellas más que discutibles. Máxime cuando este conflicto ha afectado de forma decisiva a uno de los sectores claves para nuestro país, en unas fechas determinantes para la industria turística, con el consiguiente daño a la imagen exterior de España.