En pleno Estado de Alarma, el Ministerio de Educación ha acelerado los trámites que han llevado al primer debate sobre el Proyecto de Ley de Educación de la ministra Celáa en el Pleno del Congreso. Una cuestión de tanta envergadura bien merecía más sosiego y diálogo. Uno de los actores directamente implicados en la cuestión es la Iglesia católica, que tiene en España una tradición educativa secular.

Por eso, la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura ha querido ofrecer una aportación significativa al necesario debate sobre la futura ley. Los obispos señalan que el derecho a la educación y el derecho a la libertad de enseñanza están recogidos en la Constitución Española no como principios y valores alternativos, sino complementarios. Es verdad que corresponde al Estado asignar los recursos que garanticen el derecho a la educación, pero el diseño de la política educativa no puede hacerse contra la libertad de las familias ni de la iniciativa social en este campo. Por eso preocupa que desaparezca en la futura ley el principio de “demanda social”. Ese principio hace efectiva la libertad de elección de centro escolar, que incluye la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones, el trato en igualdad de condiciones de los diversos centros y la libertad para su creación. Esta concepción, que es la propia de nuestro modelo constitucional, no debería estar en entredicho.

La Iglesia ofrece su plena disponibilidad para colaborar en un proceso de reforma educativa que exige tiempo, diálogo y disponibilidad para alcanzar un muy deseable “Pacto Escolar”.