Desde hoy viernes, día en que entra en vigor la Ley de Eutanasia, España pasa a ser engrosar la lista de los países en los que la muerte se convierte en derecho, y provocarla se considera como una solución médica. Solo otros seis países del mundo tienen legislaciones como ésta. Habrá quien considere que entrar a forma parte de esa lista es una conquista social. La realidad es muy distinta. Entramos a formar parte de las sociedades en las que los gobiernos, a través de legislaciones fruto de la ingeniería ideológica, imponen una cultura que condena a las personas que sufren al frío y supuestamente aséptico atajo de la muerte administrada con tutela del Estado, que abandona así su deber principal de proteger la vida de todos.

No es verdad que la sociedad española sea, a partir de hoy, sea una sociedad con mayores libertades y derechos. La mayoría que sostiene al Gobierno de Sánchez ha impuesto en España una ley que no responde a una demanda social, y además ha hurtado a la ciudadanía un debate en profundidad sobre una cuestión decisiva para la convivencia.

La solución progresista hubiera sido apostar por los cuidados paliativos, que representan un avance en la medicina integral, a través de una ley del cuidado y del acompañamiento en la vida terminal. Lo progresista hubiera sido también afianzar la autonomía de los médicos a través del desarrollo de la objeción de conciencia. Esta es una ley injusta y perniciosa, pero con ella no termina el debate, al contrario, hay más motivos que nunca profundizar en los fundamentos de una nueva cultura de la vida y de la solidaridad.