Los efectos de la crisis económica han sido tan dolorosos para la mayoría social que los portavoces parlamentarios han tomado ahora la decisión unánime de formar una comisión que investigue las conductas de las politizadas cajas de ahorro. El acuerdo se ha tomado a raíz de la decisión judicial de investigar a los directivos del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores durante la anterior legislatura socialista, a propósito de la salida a Bolsa de la nueva Bankia.La Audiencia Nacional ya se encarga de aclarar y juzgar en su caso la actuación de las instituciones supervisoras que dieron el visto bueno a la operación, pero no está de más que se analicen en sede parlamentaria las responsabilidades políticas de esta operación que llevó a la quiebra a la caja de ahorros madrileña. Se trata de establecer si fue fruto de una presión política en unos momentos en que se quería aparentar una situación de normalidad, cuando la crisis estaba destrozando el tejido financiero español. El resultado fue la necesaria intervención del Estado, cuando Mariano Rajoy asumió la jefatura del Gobierno, con un coste superior a los 22.400 millones de euros, para evitar un colapso que hubiese dejado en la ruina a millones de pequeños impositores. Los grupos políticos han tomado también la decisión de investigar la desastrosa gestión política del conjunto de las cajas de ahorro, que dinamitó todo un modelo de ayuda social inspirado por el sacerdote aragonés Francisco Piquer, fundador de lo que fue la Caja de Madrid, hace más de tres siglos.