La Vicepresidenta Carmen Calvo ha cruzado una peligrosa línea al proponer controlar a la prensa y limitar la libertad de expresión. En medio de la polémica sobre la continuidad de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a la que se suman las informaciones sobre ingeniería fiscal del ministro de Ciencia, Pedro Duque, la vicepresidenta ha sostenido la necesidad de proteger al sistema frente a informaciones falsas, bulos y las malas prácticas. El argumento se parece demasiado al que han utilizado todos los gobiernos de carácter autoritario cuando se ven amenazados por la crítica de la prensa libre al poder.

La afirmación de Calvo de que la libertad de expresión no puede acogerlo todo es innecesaria, porque ya existen los mecanismos legales necesarios para protegernos frente a posibles abusos. Lo que la Vicepresidenta no debería olvidar es que la relación entre libertad de expresión y democracia es tan estrecha, que limitar una significa limitar a la otra. La libertad de expresión es la base de una sociedad pluralista, contribuye al debate, enriquece la convivencia y actúa como crítica al poder. La verdad en las informaciones y el cumplimiento de los deberes éticos es responsabilidad de los profesionales, y el Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para garantizar el adecuado desarrollo del derecho constitucional a recibir una información libre y veraz. Cualquier intento de ir más allá desde el poder, revela una peligrosa deriva que merece un severo reproche político y social.