La Comisión Europea ha frustrado el intento del Gobierno de Sánchez de controlar el Poder Judicial, cuya independencia es uno de los pilares básicos de todo Estado de Derecho. El PSOE y Unidas Podemos habían propuesto el pasado mes de diciembre una ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial de manera que no fuese necesaria la mayoría cualificada de los tres quintos en el Congreso y el Senado para renovar a 20 vocales de este órgano judicial. Ante la seria advertencia de Bruselas, el Gobierno ha decidido ahora retirar dicha reforma y se verá de nuevo obligado a reanudar las negociaciones con el principal partido de la oposición y alcanzar el consenso necesario para acomodarse a lo que exige la Constitución.

La Unión Europea ha pedido, además, que se refuercen las garantías de independencia, sugiriendo que al menos la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los propios jueces. La propuesta del PP iba precisamente en esa línea y el acuerdo para la renovación estaba al alcance de la mano, si no hubiera sido torpedeado desde el gobierno con la inclusión de candidatos que se sabían inaceptables para la otra parte.

La seria advertencia de Bruselas significa que la Justicia no puede ser objeto del juego ideológico. Si el Poder Judicial necesita una reforma no es para someterlo al Gobierno de turno, sino para reforzar su independencia.