El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el cuadro económico y el techo de gasto para el año que viene. Es el paso previo a la elaboración de los presupuestos. Lo normal es que, además, hubiera aprobado, como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, unos objetivos para tener controlado el déficit y la deuda. Pero el Gobierno ha decidido que este año no hay objetivos de déficit y deuda obligatorios para la Administración central ni para las Comunidades Autónomas. Hacienda se ha limitado a comunicar una recomendación de un déficit del 2,2% del PIB para los gobiernos autonómicos. No hay nada obligatorio.

Con esta maniobra el Ejecutivo consigue que no sea necesario debatir en el Congreso el plan de déficit y deuda. Se ahorra un debate y el esfuerzo de conseguir los apoyos necesarios. Es dudoso que este camino cumpla las normas vigentes. La ley de Estabilidad Presupuestaria establece que si por circunstancias excepcionales, como las que atravesamos, hay que suspender el control de déficit y deuda, es necesario presentar un plan de reequilibrio. En este momento de pandemia y de grave crisis económica es inevitable que el déficit y la deuda se disparen, pero hay que asegurar que la deuda sirva para mejorar las cosas y no para empeorarlas. Además un plan de reequilibrio es más necesario que nunca porque necesitamos tener una estrategia a medio plazo. Eso es justo de lo que carecemos.