La celebración este sábado de la fiesta nacional está acompañada por la tensión que el independentismo quiere provocar ante la inminente publicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Procès. Se ha querido calentar el ambiente señalando a la Guardia Civil por haber revindicado su labor en la investigación que ha hecho posible el juicio y por la detención de presuntos miembros de un grupo de los llamados CDR que iba a recurrir a la violencia. Desde la Generalitat se ha buscado la criminalización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La operación era demasiado evidente y ha buscado la victimización del independentismo para conseguir más fuerza en las protestas.

Se acercan horas decisivas y el Gobierno de Sánchez, con el apoyo de las fuerzas políticas y de la sociedad civil, tiene la tarea de garantizar el orden público. La experiencia de la actuación de los Mossos, por indicación de sus jefes políticos, en el falso referéndum del 1 de octubre es un aviso para el Ministerio del Interior. En aquella ocasión la policía catalana no quiso cumplir lo que habían establecido los jueces y no fue leal en la coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Cuando se quiso actuar era demasiado tarde. Esta vez no puede ser así. El Ministerio del Interior, después de manejar de forma rápida la información de la que disponga, debe actuar, siguiendo los principios de eficacia y proporcionalidad, para mantener el orden público, como es propio de las democracias consolidadas.