Fracaso del escudo social

Una de las políticas prioritarias que pregona el Gobierno es la lucha contra la pobreza, y en concreto la pobreza infantil, dentro del llamado “escudo social”. Ese escudo se está demostrando incapaz de frenar el deterioro económico de las familias y el riesgo de pobreza. El 63% de los hogares españoles tienen problemas para llegar a fin de mes, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que pone en evidencia las dificultades de las familias para afrontar gastos como la vivienda, la salud y la educación. El número de desahucios ha vuelto a crecer un 12,8% en el primer trimestre de 2024 con respecto al mismo periodo del año pasado.

Las cifras de Eurostat indican que las personas en riesgo de pobreza y exclusión social en España (conocida como tasa Arope) llegaron al 26,5% de la población en 2023, medio punto por encima de la cifra de 2022. Esto nos sitúa en el tercer peor registro de toda la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía (32%) y Bulgaria (30%).

Sobre la pobreza infantil, lo más destacable es que se está cronificando, entre otras razones por la mala calidad del empleo, la precariedad laboral, el elevado coste de la vivienda y la falta de políticas públicas efectivas. A esto se suman las subidas de precios de la energía, de los alimentos y de los alquileres. En 2023, un 27 % de los menores españoles se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone un aumento del 43 % con respecto al año 2000. Son datos que hablan del fracaso de una de las políticas emblemáticas del llamado “gobierno de coalición progresista”.